Los diputados acordaron, este miércoles, crear una comisión investigadora sobre los contratos por al menos ¢8.000 millones que diversas instituciones públicas concedieron al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), varios de ellos de forma directa y sin concurso público.
La propuesta impulsada por la legisladora socialcristiana Vanessa Castro se aprobó en el plenario del Congreso. La votación estaba prevista para el martes pero fue suspendida por Rodrigo Arias, presidente del Congreso, quien alegó un malentendido y la reprogramó para el día siguiente.
Al final, la moción para crear el foro investigador obtuvo el apoyo de 42 legisladores y solo un voto negativo de Leslye Bojorges, representante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
“De confirmarse la existencia de contrataciones ilegales de servicios entre asesores de Casa Presidencial y el Estado, estaríamos ante violaciones al inciso e del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa que estuvo vigente hasta el 30 de noviembre del 2022, situación que confirmaría los delitos de tráfico de influencias o incumplimiento de deberes, delitos donde las penas de cárcel podrían oscilar entre un año y cinco años de prisión”, indica la propuesta aprobada.
La semana pasada, la exdirectora jurídica del Sinart, Mariana Fernández, reveló que el expresidente de esa entidad, Allan Trigueros Vega, le dio la orden directa de contratar como proveedora a la empresa de Christian Bulgarelli Rojas, quien fue identificado por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, como asesor en comunicación del presidente Rodrigo Chaves.
Según lo expuesto en la moción, también se investigará la contratación de $300.000 hecha por el BCIE a la empresa Nocaut, de Christian Bulgarelli, para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial.
La exministra de Comunicación, Patricia Navarro, aseguró que Bulgarelli ayudó en la elaboración de los términos de referencia del concurso que, luego, ganó.
Entre las instituciones que contrataron al Sinart sin concurso público están el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Ariel Robles, diputado frenteamplista, declaró: “Lo que estamos investigando son cosas que no fueron normales, que a un asesor presidencial le den un contrato especial, que lo diseñe y luego se lo otorgue el BCIE por $300.000.
“Por eso hay tanta inconformidad en el BCIE y estaban haciendo presión para que no se votara esta moción, pero solo a un diputado lograron convencer”.
La Comisión estará integrada por siete miembros distribuidos de la siguiente manera:
- Dos miembros del Partido Liberación Nacional (PLN)
- Un miembro del Partido Progreso Social Democrático (PPSD)
- Un miembro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
- Un miembro del Partido Nueva República (PNR)
- Un miembro del Partido Liberal Progresista (PLP)
- Un miembro del Frente Amplio (FA)
“Desde el inicio del Gobierno, se ha evidenciado en los medios y la población en general una preocupación por contrataciones con posible ‘tinte político’ de publicidad, donde figura la agencia del Sinart”, señala la moción aprobada por los diputados.
Los parlamentarios buscan esclarecer tanto las contrataciones hechas por instituciones públicas al Sinart como las subcontrataciones efectuadas por dicha entidad a terceros, como el caso de la empresa de Christian Bulgarelli.
La firma de Bulgarelli, de nombre Nocaut, resultó contratada por el Sinart para proveer producciones audiovisuales para las necesidades del Sinart, en el marco de los contratos con las instituciones públicas.
Argumentos para investigar contratos del Sinart
Leslye Bojorges no solo votó en contra de crear la comisión investigadora, sino que retiró su firma de la moción, alegando que lo había pensado mejor y que en el Congreso existe “comisionitis”.
El socialcristiano sostuvo que las comisiones no llegan a nada, por lo que luego creyó que era mejor que esos contratos los investigue la Contraloría General de la República (CGR).
No obstante, su compañera socialcristiana Vanessa Castro enfatizó que es deber constitucional de los congresistas ejercer control político y que no se puede renunciar a él.
“Venimos a la Asamblea a generar leyes y ejercer control político. Estamos hablando de un tema que preocupa muchísimo; hay una serie de documentaciones y hechos que es necesario que investiguemos, dentro de nuestras facultades”, enfatizó.
Castro añadió que otras instancias pueden investigar, tanto en lo judicial como lo administrativo, pero agregó que se debe hacer el aporte desde lo político y coadyuvar con la información que puedan recopilar.
La liberacionista Dinorah Barquero también recalcó la función de control político que deben ejercer los legisladores, al tiempo que su jefe de bancada, Óscar Izquierdo, sostuvo que para el PLN investigar los contratos es “absolutamente necesario”.
“Estamos absolutamente comprometidos con esta comisión y vamos a sacar adelante, como fracción, la posición del PLN, que es investigar hasta las últimas consecuencias”, añadió el vocero verdiblanco.
Pilar Cisneros, jefa del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), adujo que la “prensa amañada andaba con cuentos de que el oficialismo no iba a apoyar la investigación” y sostuvo que se dio una “grata sorpresa” con los votos a favor de la moción.
Por el Frente Amplio, Jonathan Acuña señaló haber escuchado demasiado a quienes dicen que hacer control político es politiquería, para minimizar y tratar de restar legitimidad a esta labor.
“Vean la cantidad de información que ha surgido de la comisión que ha investigado el financiamiento de partidos políticos” alegó. “Ahora, imaginen lo que va a surgir de esta comisión, la podredumbre que se va a hacer visible”.
Ariel Robles, también del FA, sostuvo que “hablar fuerte no es precisamente decir la verdad” y apuntó que no se va a investigar la “democratización de la pauta”, en referencia a los argumentos dados por Cisneros.
Agregó que no es normal que, sin estudios de mercado, una empresa asuma un contrato del Sinart, o que la asesoría jurídica diga en un informe que recibió orden directa y verbal del expresidente ejecutivo para que se contratara una empresa del asesor de comunicación de Rodrigo Chaves.